Salario en la República Dominicana

gli 3d cover litigation second editionHace unos días salió la segunda edición de la revista Global Legal Insights, en la que nuevamente tuve la oportunidad de publicar un artículo, escrito junto al Lic. Lucas Guzmán, en representación de OMG, la oficina en la que trabajo. En este tratamos el problema de identificar cuáles beneficios de los que reciben los trabajadores se consideran salario y cuáles no, según las leyes dominicanas; cómo se protege el salario en nuestro país, y cuáles aspectos legales deberían modificarse. Aquí les dejo el link para los que tengan interés en el tema.

Les advierto que está en inglés, pero el que necesite ayuda con la traducción, ya sabe que puede escribirme a natacha1207@hotmail.com.

Besos!

http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/employment/employment-and-labour-law-2nd-edition/dominican-republic

INMUEBLES Y MATRIMONIO

matrimonio El matrimonio trae consigo muchos cambios para la pareja, que no solamente se van a reflejar en su estilo de vida, sino también en su patrimonio. La regla general dispuesta en el artículo 1400 del Código Civil es que si una persona se casa con otra sin hacer ningún tipo de acuerdo especial de separación de bienes, se va a considerar que todo lo que adquiera por compra después de ese momento y durante el tiempo que dure el matrimonio pasa a ser propiedad común de ambos y cada uno tiene derecho al 50% de ese bien.

Asimismo, según el artículo 1402 del Código Civil, para que un bien inmueble se considere como propio y exclusivo de uno de los esposos este tiene que probar (a) que lo adquirió o lo poseyó antes del matrimonio, o (b) que lo adquirió por sucesión o donación, de lo contrario se presume que entra dentro de la comunidad.

La Suprema Corte de Justicia ha reconocido esta situación al decidir que si uno de los cónyuges compra un inmueble antes de la celebración del matrimonio, este inmueble se mantiene siendo exclusivamente suyo, a pesar de que se termine de pagar o que la compra se registre luego de haberse casado (Sentencias dictadas por la Tercera Sala de la SCJ no. 3 del 3 de octubre de 2001, B. J. 1091 y no. 2 del 1 de octubre de 2003, B. J. 1115).

Igualmente, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado cuando se trata de inmuebles no registrados que son poseídos por una pareja de esposos, en cuyo caso se entiende que la posesión es un derecho que entra dentro de la comunidad de bienes que ambos forman, y por lo tanto, si se divorcian, debe considerarse a cada uno como titular del 50%. Pero cuando se trata de un inmueble no registrado que empezó a ser ocupado por una persona soltera, este bien sigue siendo exclusivamente suyo aun cuando se encuentre casado en el momento en que se hace el saneamiento (procedimiento para registrar un inmueble y obtener un certificado de título).

En definitiva, según la ley y la Suprema Corte de Justicia, las reglas son las siguientes:

- Inmueble comprado antes del matrimonio: No es parte de la comunidad

- Inmueble comprado durante el matrimonio: Es parte de la comunidad

- Inmueble donado a, o heredado por un esposo: No es parte de la comunidad

- Inmueble comprado antes del matrimonio que se termina de pagar después del matrimonio: No es parte de la comunidad

- Inmueble no registrado que se empieza a ocupar antes del matrimonio y que se registra después del matrimonio: No es parte de la comunidad

- Inmueble no registrado que se empieza a ocupar durante el matrimonio: Es parte de la comunidad

Si tienen alguna inquietud, por favor escríbanme a natacha1207@hotmail.com

Deslinde: El nuevo requisito para transferir un inmueble

inmuebleLa ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario de la República Dominicana contiene una serie de nuevos requisitos para realizar una operación inmobiliaria en el país. Uno de ellos es que a partir del 4 de abril del 2009, -es decir, 2 años con posterioridad a su entrada en vigor,- se hace necesario un procedimiento de deslinde antes de que la Oficina de Registro de Títulos pueda registrar cualquier afectación o modificación de un derecho inmobiliario, como lo sería una transferencia por venta, sucesión o donación.

El procedimiento de deslinde, necesariamente realizado por un agrimensor, implica la individualización de su propiedad respecto a los otros inmuebles que la rodean, lo que va a permitir que tenga su propia designación catastral y un Certificado de Título único y separado.

Este conlleva tres etapas, a saber: a) Etapa Técnica, en la que el agrimensor realiza el trabajo de medición y ubicación exacta del inmueble, obligatoriamente con un G. P. S. y previa notificación a los copropietarios colindantes y cualquier otro tercero interesado. Posteriormente, el agrimensor debe someter su trabajo a la aprobación de la Dirección Regional de Mensuras competente para su aprobación, la que le dará al inmueble la designación catastral correspondiente; b) Etapa Judicial, en la que se somete el deslinde ante el Tribunal de Jurisdicción Original competente. Allí, se invitan a comparecer los copropietarios colindantes y terceros interesados para que expongan su conformidad u oposición al procedimiento. En caso de ser aprobado  el juez dicta una resolución ordenando al Registro de Títulos competente cancelar la Carta Constancia que amparaba la porción deslindada, y emitir el nuevo Certificado de Título con la nueva designación catastral otorgada por la Dirección Regional de Mensuras para el inmueble deslindado; c) Etapa Registral, que implica la ejecución de lo ordenado en la Resolución del Tribunal por parte del Registrador de Títulos.

Cualquier transferencia o modificación del derecho inmobiliario podrá ser sometida junto al procedimiento de deslinde, para que el Certificado de Título se expida directamente con la modificación indicada. En una próxima entrada, hablaré sobre los demás pasos que se deben llevar a cabo para transferir una propiedad inmobiliaria, según la nueva legislación.

Igualdad

El deseo de combatir las ideas y tratamientos discriminatorios ha sido motivo de las más diversas revoluciones, gracias a las cuales hoy en día, se reconoce la igualdad, -al menos ante la ley-, como un derecho.

Algunos de los propulsores de ideas discriminatorias se apoyaban en la teoría de la evolución de Charles Darwin para justificar las supuestas diferencias sociales existentes entre los seres humanos. Lo irónico era que, con sus planteamientos, Darwin nunca quiso demostrar que había seres superiores a otros y se oponía fervientemente a la existencia de clasificaciones dentro de la especie humana que generara tratos distintos

Pero, la historia ha demostrado que no todos estamos en la misma posición, por eso es que se deben tomar medidas que favorezcan a los que se suponen más débiles. Esto justifica la sobreprotección otorgada por la ley a los trabajadores, los menores de edad, los ancianos, los consumidores…

Definitivamente, una de las luchas que más ha dado agua de beber es aquella que busca combatir las diferencias de trato que se da entre las mujeres y los hombres.

Por un lado, están las actuaciones desiguales en contra de las mujeres. Sólo hay que ver cómo todavía nosotras trabajamos igual que los hombres por salarios inferiores y se nos sigue valorando por lo “buenas esposas” que podemos ser. Ah, pero los peores enemigos del movimiento de “liberación femenina” no son precisamente los hombres, sino peor aún, las mujeres que se denigran a sí mismas, las “Yuleidys” y las propias “buenas esposas”.

Por el otro lado, no podemos obviar algunos excesos de protección injustificados hacia las mujeres que perjudican a los hombres. Ahí me llega a la mente la legislación que obliga a los partidos a reconocernos una cuota de participación independientemente de nuestra labor. ¿No piensan ustedes que este es un privilegio irritante que nos cataloga como débiles y que en nada ayuda a combatir las ideas discriminatorias?

Pero esto no es nada más en la ley, sino que, como me decía un colega en días pasados, cuando se trata de la protección contra la violencia de género, el trato desigual también sale a relucir. Ahí, él me ponía de ejemplo todas las veces que ha tenido clientes hombres que han sido golpeados por sus mujeres o han sido víctimas de acoso, violencia verbal o de cualquier tipo, en que la actitud del departamento encargado de prevenir y sancionar estos hechos es prácticamente una burla, porque parece que el hombre debe ser inmune a estos actos y aguantarse.

¿Machismo, feminismo, falta de hombría, mujer con pantalones?

Pleno siglo XXI y parece que faltarán muchas más revoluciones. Pero si hay algo que hay que entender ya, es que las mujeres y los hombres jugamos roles diferentes, tenemos intereses diferentes, somos fisiológicamente diferentes, nos comportamos diferentes, hasta nos enamoramos diferente… y en ese marco, el trato EQUILIBRADO es el que nos dará la IGUALDAD deseada.

(Imagen tomada de www.viajeamacondo.wordpress.com)

Adivina adivinador, pobre del consumidor

Se abre el telón. Aparece una conversación entre un cajero de una tienda española en Santo Domingo y una clienta (yo).

Empleado: Joven, -para que lo sepa-, el precio de esta blusa en realidad es 200 pesos más que lo que dice la etiqueta.

Yo: (Ah, gracias por el “favor” de advertírmelo después de haberla facturado) Bueno, imagínate, ¿qué se va a hacer?, ya cóbrala… pero en realidad los del error son ustedes y deberían cobrármela al precio más bajo, que es el que dice la etiqueta.

Empleado: Sí, pero es que algunas de las nuevas mercancías tuvieron un problemita, y en el sistema, que viene de España así, es así que me registra el precio y no lo puedo cambiar.

Yo: Sí, pero te aseguro que si fuera en España, ese problemita se solucionaría a mi favor, pero como es aquí, que Ustedes no respetan al consumidor…

Empleado: Eh…

Se cierra el telón.

Se abre el telón nuevamente y aparece una conversación entre una clienta (yo otra vez) y la “encargada” de la Óptica Félix de la Lincoln. Para ambientar les digo que fui a reclamar porque hacía apenas tres meses había comprado mis lentes para ver mejor y un día, sin ni siquiera tocarlos, se me cayeron de la cara rotos a la mitad.

Encargada (con la mayor de las arrogancias): No tienen arreglo. Dicen los técnicos que esos lentes de pasta son prácticamente irrompibles, por eso no les damos garantía.

Yo: (Ah, pero cuando vine a pagarlos solo me hablaron de lo bien que me quedaban). ¡Pero precisamente la inversión que hice en ellos fue porque se supone que son buenos y Ustedes me tienen que dar garantía de cualquier cosa que yo compre aquí! ¡Si hubiera sabido compro cualquier disparate más barato!

Encargada: Bueno, le puedo dar un descuento si compra otros que nos quedan del mismo modelo.

Yo: (Yo no quiero comprar otros, quiero que me arreglen los míos o que Ustedes se hagan responsables y me los cambien por otros). ¿O sea que para que ustedes me respondan por la mala calidad de sus productos tengo que mandarles una intimación?

Encargada: Mmm… Haga lo que Usted entienda.

Se cierra el telón.

Se abre el telón nuevamente. Aparecen dos clientas caminando en los pasillos de uno de los supermercados de la Lincoln (una señora que no conozco y yo).

Señora: ¡Ay Dios!, ¿Cuáles serán los Corn Flakes que tienen azúcar?

Yo: Déjeme ver Doña. Ah mire, éstos.

Señora: (Los mira y los mira)… ¿?… ¿?

Yo: Sí, mire, dice “sweetened”.

Señora: Ay es que estos productos están todos en inglés, imagínate…

Se cierra el telón.

¡¿Cómo se llama la obra?!: La ley de protección a los derechos del consumidor y usuario violada en su máxima expresión. Sí, una historia de terror para los consumidores en la República Dominicana, en la que los proveedores hacen lo que les da la gana.

Estas son historias que tomé como ejemplo porque fueron situaciones que viví directamente y puedo dar fe de que ocurrieron así tal cual. Pero mi objetivo es, -igual que cuando conté la historia de Tricom y del Departamento de Pasaportes-, recordar la importancia de la ley de protección a los derechos del consumidor o usuario, No. 358-05.

Esta es una ley en vigencia desde el 2008, que tiene como guardián a Proconsumidor (ubicada en la Charles Summer, casi frente a Price Smart) y no solo beneficia a las personas físicas, sino también a las compañías cuando actúan como consumidoras… ¡Sí, en algún momento de nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros somos consumidores!

Por eso, su cumplimiento debe ser exigido por cada ciudadano, simplemente porque ello provocará que haya mayor calidad en los servicios y los productos que adquirimos, y en consecuencia, mayor seguridad jurídica en el mercado dominicano. Consumidores mejor servidos, consumidores que más adquieren. Piénsenlo, ¡Todos salimos ganando!

He de obligarte a vivir

Uno de estos días en los que buscaba en internet me encontré con unos blogs de jóvenes que me llamaron la atención porque todas sus creadoras eran “amigas de Ana”. No pude evitar la curiosidad de saber quién era la tal Ana, por qué era digna de admiración y qué había hecho para que tantas personas quisieran ser su amiga.

Inmediatamente comencé a investigar y lo que descubrí fue que la “amiga Ana” es el nombre que las jóvenes utilizan para referirse a la anorexia nerviosa y la bulimia, dos trastornos alimenticios vinculados a una autoestima, autoimagen y autoconcepto pobre y otros problemas de la personalidad que pueden ocasionar la muerte. Lo que leí me aterrorizó, por tratarse de blogs en los que se amigan personas para apoyarse y motivarse a ser parte de este grupo, narran cómo ocultan lo que hacen a sus familiares y en varios de ellos se aplaude y propicia este tipo de enfermedades.

Es cierto que vivimos en un país libre donde muchos aspiran a que haya la más mínima intervención del Estado en sus actuaciones y en el que otros alegan que cada quien puede hacer lo que quiera con su vida siempre y cuando no le afecte al otro, pero la realidad es que ante este tipo de situaciones el Estado dominicano no puede estar ajeno.

Primero porque es la propia Constitución Dominicana la que en su artículo 8 establece que su función esencial es, entre otras cosas, la protección efectiva de los derechos de la persona y la obtención de los medios que le permitan desarrollarse. Esta disposición no puede considerarse como simple letra muerta, pues ella es la que lo obliga a intervenir en asuntos como este en los que las personas, por motivo de una enfermedad o trastorno, no valoran su propia vida y peor aún, motivan a otros para que copien conductas dañosas.

Segundo, porque en su mayoría, quienes forman parte de las “amigas de Ana”  son jóvenes menores de edad que requieren una mayor protección, y el legislador ha sido claro en esto, tal como se observa en el Código de niños, niñas y adolescentes (CNNA) que establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos, en especial el de la salud, la vida y el de desarrollarse en un ambiente sano.

¿Qué sugiero que haga el Estado en este caso?

1º. Tomar medidas más activas de prevención y tratamiento a través de los organismos encargados, dependientes del Ministerio de Salud Pública, tal como mandan los artículos 79 y 89 de la ley 42-01, General de Salud.

2º. Modificar la legislación para que todo aquel que promueva este tipo de trastorno pueda ser perseguido y sancionado como si hubiera cometido un intento de homicidio o como si fuera cómplice de un asesinato si es que se provoca la muerte de una persona, con lo que se respetaría el principio de legalidad de la persecución penal. Esto iría acompañado de la posibilidad de ingresar a la persona afectada en un centro de tratamiento aun en contra de su voluntad (si es menor de edad), y ameritaría realizar investigaciones profundas, en las que incluso se determine si intervino alguna negligencia o imprudencia de los padres, porque ello puede provocar la suspensión de su autoridad (artículo 74 CNNA).

3º. Utilizar la tecnología para bloquear el acceso de los usuarios menores de edad a dichas páginas. Esta intromisión en el derecho a la información (art. 27 CNNA) se justifica por el interés de preservar la salud de dichos menores.

Frente a las últimas opciones sé que muchos dirán que soy muy dura, que esos son temas que deben dejárseles a los padres y que no se puede utilizar la ley para resolver lo que debe arreglarse con la educación, pero ¿no es acaso ese el objetivo de toda ley escrita que regula nuestras actuaciones en la sociedad?, ¿no busca toda ley con la que se sanciona resolver temas de conducta que debieron haber sido resueltos en el hogar?, ¿no ameritan estos casos la mayor intervención posible de todos aquellos que puedan prevenir la muerte de una persona? ¿no está la preservación de la vida del prójimo como uno de los objetivos más importantes de nuestra propia vida?

¿Ustedes que creen?